Por: LUIS F. SALAZAR WOOLFOLK
ARCHIVO ADJUNTO
La semana pasada el gobernador de Coahuila anunció la cancelación del Monedero de la Gente, en virtud de que como reconoce en el comunicado respectivo, fueron detectadas irregularidades en la administración de los recursos utilizados en el programa en cuestión.
Como es del conocimiento, el Monedero se aplicó de marzo a noviembre del año pasado y tuvo por objeto el reparto de dinero del erario público entre ciudadanos en situación de pobreza.
Dada la naturaleza del programa y su coincidencia temporal con las elecciones municipales del pasado dieciocho de octubre, resulta lógico cuestionar sobre las verdaderas intenciones del mismo como instrumento de manipulación de la voluntad ciudadana para efectos electorales, utilizado por un PRI que como partido en el poder, obtuvo carro completo en el referido proceso eleccionario.
Los datos relativos al programa y sus reglas de operación han sido de principio a fin un misterio, por lo que la cantidad de dinero gastado en el Monedero, el número e identidad de los beneficiarios así como el monto del daño patrimonial derivado de las irregularidades reconocidas, son simples especulaciones.
Ante tal falta de transparencia es lógico que existan cuestionamientos al Gobierno de Coahuila procedentes de diversos sectores y en específico de la oposición panista, que exigen información clara al respecto, así como la recuperación del dinero desviado y el castigo a los funcionarios que resulten responsables.
Toda malversación de fondos públicos es preocupante sin embargo, el riesgo de que ocurra un desfalco es previsible en éste o en cualquier Gobierno del mundo y para ello existen mecanismos de fiscalización y control que actúan para prevenir y en su caso detectar anomalías, así como órganos para perseguir y castigar a los responsables.
La respuesta del Gobierno de Moreira ha resultado peor que las irregularidades, porque el gobernador como si no pasara nada elude el tema diciendo que los panistas deben responder por el aumento de los impuestos federales y se ha cerrado a ordenar auditoría o investigación alguna, lo que aumenta la sospecha del talante meramente electorero del Monedero. Al mismo tiempo han surgido corifeos priistas en defensa del gobernador, alegando que los panistas no tienen derecho a exigir ningún tipo de cuentas porque perdieron las pasadas elecciones, y que los reclamos al Gobierno del Estado no tienen otro objeto para el PAN que el de reposicionar a dicho partido frente a los ciudadanos.
Los argumentos priistas no eximen al Gobierno de Coahuila de la responsabilidad que en el caso le corresponde, y dando por hecho que el PAN busca lucrar con las irregularidades admitidas por el propio gobernador, la postura de la oposición no tiene nada de objetable en una democracia plural que como tal está basada en un sistema de equilibrios, que precisamente tiene entre sus propósitos que en la diversidad de partidos unos a otros se cuiden las manos.
Sin embargo, el Gobierno de Moreira interpreta que el carro completo que ha obtenido el PRI en Coahuila es una especie de cheque en blanco, que le permite actuar como autócrata sin obligación de rendir cuentas a nadie.
La falta de transparencia y la intolerancia a la crítica que lo anterior supone, es uno de tantos frutos de la recreación a nivel local del viejo sistema de partido de estado en el que el titular del ejecutivo ejerce el mando absoluto, porque tiene en sus manos el control del partido en el poder, del Gobierno, del Congreso, del órgano electoral, etcétera, al tiempo que han sido coptados algunos medios de comunicación, y hasta un número importante de dirigentes de partidos de oposición y de organismos intermedios de la sociedad.
El Gobierno de Moreira tiene la obligación de transparentar al Monedero de la Gente y sancionar a los responsables y por lo que toca al PAN de Coahuila, lo menos que puede hacer es asumir su papel y funcionar como oposición a nivel local.
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La semana pasada el gobernador de Coahuila anunció la cancelación del Monedero de la Gente, en virtud de que como reconoce en el comunicado respectivo, fueron detectadas irregularidades en la administración de los recursos utilizados en el programa en cuestión.
Como es del conocimiento, el Monedero se aplicó de marzo a noviembre del año pasado y tuvo por objeto el reparto de dinero del erario público entre ciudadanos en situación de pobreza.
Dada la naturaleza del programa y su coincidencia temporal con las elecciones municipales del pasado dieciocho de octubre, resulta lógico cuestionar sobre las verdaderas intenciones del mismo como instrumento de manipulación de la voluntad ciudadana para efectos electorales, utilizado por un PRI que como partido en el poder, obtuvo carro completo en el referido proceso eleccionario.
Los datos relativos al programa y sus reglas de operación han sido de principio a fin un misterio, por lo que la cantidad de dinero gastado en el Monedero, el número e identidad de los beneficiarios así como el monto del daño patrimonial derivado de las irregularidades reconocidas, son simples especulaciones.
Ante tal falta de transparencia es lógico que existan cuestionamientos al Gobierno de Coahuila procedentes de diversos sectores y en específico de la oposición panista, que exigen información clara al respecto, así como la recuperación del dinero desviado y el castigo a los funcionarios que resulten responsables.
Toda malversación de fondos públicos es preocupante sin embargo, el riesgo de que ocurra un desfalco es previsible en éste o en cualquier Gobierno del mundo y para ello existen mecanismos de fiscalización y control que actúan para prevenir y en su caso detectar anomalías, así como órganos para perseguir y castigar a los responsables.
La respuesta del Gobierno de Moreira ha resultado peor que las irregularidades, porque el gobernador como si no pasara nada elude el tema diciendo que los panistas deben responder por el aumento de los impuestos federales y se ha cerrado a ordenar auditoría o investigación alguna, lo que aumenta la sospecha del talante meramente electorero del Monedero. Al mismo tiempo han surgido corifeos priistas en defensa del gobernador, alegando que los panistas no tienen derecho a exigir ningún tipo de cuentas porque perdieron las pasadas elecciones, y que los reclamos al Gobierno del Estado no tienen otro objeto para el PAN que el de reposicionar a dicho partido frente a los ciudadanos.
Los argumentos priistas no eximen al Gobierno de Coahuila de la responsabilidad que en el caso le corresponde, y dando por hecho que el PAN busca lucrar con las irregularidades admitidas por el propio gobernador, la postura de la oposición no tiene nada de objetable en una democracia plural que como tal está basada en un sistema de equilibrios, que precisamente tiene entre sus propósitos que en la diversidad de partidos unos a otros se cuiden las manos.
Sin embargo, el Gobierno de Moreira interpreta que el carro completo que ha obtenido el PRI en Coahuila es una especie de cheque en blanco, que le permite actuar como autócrata sin obligación de rendir cuentas a nadie.
La falta de transparencia y la intolerancia a la crítica que lo anterior supone, es uno de tantos frutos de la recreación a nivel local del viejo sistema de partido de estado en el que el titular del ejecutivo ejerce el mando absoluto, porque tiene en sus manos el control del partido en el poder, del Gobierno, del Congreso, del órgano electoral, etcétera, al tiempo que han sido coptados algunos medios de comunicación, y hasta un número importante de dirigentes de partidos de oposición y de organismos intermedios de la sociedad.
El Gobierno de Moreira tiene la obligación de transparentar al Monedero de la Gente y sancionar a los responsables y por lo que toca al PAN de Coahuila, lo menos que puede hacer es asumir su papel y funcionar como oposición a nivel local.
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