Por: ARTURO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
PERIFÉRICO
La falta de transparencia y los problemas rodearon desde el principio al programa del Monedero de la Gente, en el cual el Gobierno del Estado de Coahuila asegura haber invertido 700 millones de pesos, recurso público cada centavo.
El 11 de enero de 2009, el gobernador Humberto Moreira dio a conocer que pondría en marcha un programa para ayudar a las personas en situación más vulnerable a enfrentar la crisis económica. El Monedero de la Gente consistía en dar, a través de una tarjeta plástica, 200 pesos a integrantes de cuatro grupos sociales: adultos mayores de 60 años; hombres y mujeres con discapacidad; mujeres en situación de desventaja, y familias con índice de alta marginación.
Esos 200 pesos podrían ser utilizados por los beneficiarios en algunas tiendas de autoservicio para adquirir artículos de primera necesidad, y para pagar hasta 70 pesos de los consumos de agua potable y energía eléctrica.
De acuerdo a los requisitos anunciados en su momento por la Secretaría de Desarrollo Social, los solicitantes debían someterse a un estudio socioeconómico a través del cual se seleccionaría a las personas que en realidad necesitaran la ayuda. No obstante, nadie sabe en dónde están los resultados de dicho estudio.
La entrega del apoyo económico comenzó a darse en marzo del año pasado, pese a que nunca quedó claro el procedimiento de reparto de las tarjetas. Dos meses después, habitantes de colonias marginadas de Saltillo denunciaron a un medio de la capital del estado que la decisión de dar o no el "monedero" a una persona estaba en manos de lideresas y no de funcionarios estatales.
El 24 de junio, el presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila, denunció públicamente que programas sociales como el Monedero de la Gente y Focos de la Gente, habían iniciado 30 días antes del arranque del proceso electoral para renovar ayuntamientos, y que funcionaban sin reglas de operación.
El 22 de julio, unos 300 pobladores de barrios y ejidos del municipio de Torreón bloquearon el entronque de Cuatro Caminos y la entrada a la Recaudación de Rentas para exigir la inclusión en el programa asistencial. La respuesta del entonces subsecretario regional de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes, hoy primer regidor del Ayuntamiento de Torreón, fue que se abriría una segunda etapa y que se realizaría otro estudio socioeconómico con los nuevos solicitantes.
Pero el primero de septiembre los vecinos inconformes volvieron a tomar la Recaudación de Rentas, movimiento que repitieron los dos días siguientes debido a la falta de respuesta de la autoridad estatal, la cual, a mes y medio de haber hecho el compromiso de revisar los casos para una posible inclusión en el programa, informaron que aún estaba en análisis la ampliación del mismo. Al tercer día de bloqueo, policías estatales desalojaron a los manifestantes y reabrieron la oficina.
Con el inicio de las campañas electorales para la renovación de ayuntamientos, la entrega del "monedero" quedó suspendida, mas no así la recarga para las personas que ya contaban con el plástico.
Una semana antes de la elección, el dirigente estatal del PAN lanzó una nueva denuncia pública sobre los programas sociales del Gobierno del Estado, incluido el Monedero de la Gente, de los cuales, dijo, eran utilizados con fines de "operación política". Luego de las elecciones, la entrega de la tarjeta se reanudó y el tema se congeló hasta los primeros días del presente año.
El primero de enero de 2010, el gobernador Moreira nombró al ex alcalde de Saltillo, Jorge Torres López, como secretario de Desarrollo Social, en lugar de María Esther Monsiváis Guajardo. Cinco días después de su nombramiento, Torres López declaró que había iniciado una revisión del programa del Monedero de la Gente luego de la detección de irregularidades, las cuales consistían en la duplicidad del apoyo económico a varias familias beneficiadas, ya que dos y hasta tres miembros de un mismo hogar contaban con la tarjeta.
Inmediatamente el Gobierno del Estado anunció que el monedero sería sustituido por otro programa llamado Tarjeta del Hogar, con el cual se ampliaría la cobertura y se evitaría la duplicidad al entregar un plástico por familia. Más de mil millones de pesos fue la inversión anunciada.
Los cuestionamientos de la oposición no se hicieron esperar. Además de solicitar una investigación a fondo y el castigo a los responsables, los panistas solicitaron al Ejecutivo de Coahuila dar a conocer el padrón de beneficiarios, petición que hasta hoy no ha sido atendida. Por el contrario, el gobernador Moreira arremetió contra sus críticos del PAN e incluso culpó indirectamente al presidente de la República de que las familias hayan buscado hacerse de dos o más tarjetas. El 7 de enero, Moreira declaró: "nadie hizo transa (...) la necesidad del pueblo que está hundido por la política equivocada del presidente Felipe Calderón Hinojosa hace que las familias tengan hambre, necesidad y desesperación".
Más allá del pleito político, hay muchos puntos que los ciudadanos merecemos saber del programa, puesto que se trata de una inversión hecha con recursos públicos. ¿Cómo se seleccionó realmente a los beneficiarios? ¿Quiénes recibieron el apoyo? ¿Por qué hasta ahora se reconocen las anomalías cuando desde hace meses se había alertado de ellas? Y ¿quién es el o la responsable de las irregularidades? En este tipo de asuntos no puede haber borrón y cuenta nueva, como pretende el gobernador, porque, simplemente, el ejercicio indebido de la función pública debe ser sancionado por Ley.
PERIFÉRICO
La falta de transparencia y los problemas rodearon desde el principio al programa del Monedero de la Gente, en el cual el Gobierno del Estado de Coahuila asegura haber invertido 700 millones de pesos, recurso público cada centavo.
El 11 de enero de 2009, el gobernador Humberto Moreira dio a conocer que pondría en marcha un programa para ayudar a las personas en situación más vulnerable a enfrentar la crisis económica. El Monedero de la Gente consistía en dar, a través de una tarjeta plástica, 200 pesos a integrantes de cuatro grupos sociales: adultos mayores de 60 años; hombres y mujeres con discapacidad; mujeres en situación de desventaja, y familias con índice de alta marginación.
Esos 200 pesos podrían ser utilizados por los beneficiarios en algunas tiendas de autoservicio para adquirir artículos de primera necesidad, y para pagar hasta 70 pesos de los consumos de agua potable y energía eléctrica.
De acuerdo a los requisitos anunciados en su momento por la Secretaría de Desarrollo Social, los solicitantes debían someterse a un estudio socioeconómico a través del cual se seleccionaría a las personas que en realidad necesitaran la ayuda. No obstante, nadie sabe en dónde están los resultados de dicho estudio.
La entrega del apoyo económico comenzó a darse en marzo del año pasado, pese a que nunca quedó claro el procedimiento de reparto de las tarjetas. Dos meses después, habitantes de colonias marginadas de Saltillo denunciaron a un medio de la capital del estado que la decisión de dar o no el "monedero" a una persona estaba en manos de lideresas y no de funcionarios estatales.
El 24 de junio, el presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila, denunció públicamente que programas sociales como el Monedero de la Gente y Focos de la Gente, habían iniciado 30 días antes del arranque del proceso electoral para renovar ayuntamientos, y que funcionaban sin reglas de operación.
El 22 de julio, unos 300 pobladores de barrios y ejidos del municipio de Torreón bloquearon el entronque de Cuatro Caminos y la entrada a la Recaudación de Rentas para exigir la inclusión en el programa asistencial. La respuesta del entonces subsecretario regional de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes, hoy primer regidor del Ayuntamiento de Torreón, fue que se abriría una segunda etapa y que se realizaría otro estudio socioeconómico con los nuevos solicitantes.
Pero el primero de septiembre los vecinos inconformes volvieron a tomar la Recaudación de Rentas, movimiento que repitieron los dos días siguientes debido a la falta de respuesta de la autoridad estatal, la cual, a mes y medio de haber hecho el compromiso de revisar los casos para una posible inclusión en el programa, informaron que aún estaba en análisis la ampliación del mismo. Al tercer día de bloqueo, policías estatales desalojaron a los manifestantes y reabrieron la oficina.
Con el inicio de las campañas electorales para la renovación de ayuntamientos, la entrega del "monedero" quedó suspendida, mas no así la recarga para las personas que ya contaban con el plástico.
Una semana antes de la elección, el dirigente estatal del PAN lanzó una nueva denuncia pública sobre los programas sociales del Gobierno del Estado, incluido el Monedero de la Gente, de los cuales, dijo, eran utilizados con fines de "operación política". Luego de las elecciones, la entrega de la tarjeta se reanudó y el tema se congeló hasta los primeros días del presente año.
El primero de enero de 2010, el gobernador Moreira nombró al ex alcalde de Saltillo, Jorge Torres López, como secretario de Desarrollo Social, en lugar de María Esther Monsiváis Guajardo. Cinco días después de su nombramiento, Torres López declaró que había iniciado una revisión del programa del Monedero de la Gente luego de la detección de irregularidades, las cuales consistían en la duplicidad del apoyo económico a varias familias beneficiadas, ya que dos y hasta tres miembros de un mismo hogar contaban con la tarjeta.
Inmediatamente el Gobierno del Estado anunció que el monedero sería sustituido por otro programa llamado Tarjeta del Hogar, con el cual se ampliaría la cobertura y se evitaría la duplicidad al entregar un plástico por familia. Más de mil millones de pesos fue la inversión anunciada.
Los cuestionamientos de la oposición no se hicieron esperar. Además de solicitar una investigación a fondo y el castigo a los responsables, los panistas solicitaron al Ejecutivo de Coahuila dar a conocer el padrón de beneficiarios, petición que hasta hoy no ha sido atendida. Por el contrario, el gobernador Moreira arremetió contra sus críticos del PAN e incluso culpó indirectamente al presidente de la República de que las familias hayan buscado hacerse de dos o más tarjetas. El 7 de enero, Moreira declaró: "nadie hizo transa (...) la necesidad del pueblo que está hundido por la política equivocada del presidente Felipe Calderón Hinojosa hace que las familias tengan hambre, necesidad y desesperación".
Más allá del pleito político, hay muchos puntos que los ciudadanos merecemos saber del programa, puesto que se trata de una inversión hecha con recursos públicos. ¿Cómo se seleccionó realmente a los beneficiarios? ¿Quiénes recibieron el apoyo? ¿Por qué hasta ahora se reconocen las anomalías cuando desde hace meses se había alertado de ellas? Y ¿quién es el o la responsable de las irregularidades? En este tipo de asuntos no puede haber borrón y cuenta nueva, como pretende el gobernador, porque, simplemente, el ejercicio indebido de la función pública debe ser sancionado por Ley.
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